María Inés Picazo Verdejo
Directora de Relaciones Internacionales
Universidad de Concepción
El Estado de medioestar representa la promesa incumplida de reconciliación de la economía de mercado y la justicia social. Así, durante treinta años, se fue acumulando una disonancia entre la retórica política del milagro chileno y la experiencia práctica de los efectos de ese modelo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La democracia en Chile inaugura tres décadas de modernización liberal legitimadas en un alto crecimiento económico y la reducción significativa de la pobreza. El modelo de desarrollo vinculaba el crecimiento impulsado por el mercado con un Estado encargado de la equidad y la justicia social, a través de políticas sociales dirigidas a los necesitados, pero dejando a los demás resolver sus propios problemas recurriendo a la oferta del sector privado. La economía de mercado buscó legitimarse a través de grandes inversiones en sectores sociales como educación, salud, vivienda o pobreza, pero sin intención de conjurar su principio rector : la individualización de los destinos de las personas.
El modelo fue implementado durante cuatro gobiernos de centro-izquierda, reafirmado en sus componentes neoliberales por el primer período del Presidente Piñera y corregido por el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet con un paquete de promesas de derechos sociales y de reforma tributaria que solo fue posible aprobar en parte y con resistencias políticas de su propia coalición política como de afuera.
Lo que se diseñó en Chile durante treinta años se parece a lo que G. Llamazares llamó el Estado de medioestar para la España de los recortes sociales tras la crisis de 2008. A diferencia del Estado de Bienestar, construido sobre un sistema de derechos sociales que protegen a toda persona de las inclemencias del mercado laboral y de las propias de la vida, como la enfermedad, en el Estado de medioestar los salarios no te alcanzan para pagar tus necesidades básicas; tienes miedo a enfermarte pues no es tu condición de ciudadano lo que te asegura atención gratuita sino el tipo de enfermedad; el acceso gratuito a la universidad no es para todos y es implacable con los tropiezos; y la jubilación es el primer paso para el pluriempleo.
En el plano político, el Estado de medioestar representa la promesa incumplida de reconciliación de la economía de mercado y la justicia social. Así, durante treinta años, se fue acumulando una disonancia entre la retórica política del milagro chileno y la experiencia práctica de los efectos de ese modelo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La resiliencia del Estado de medioestar y de la economía de mercado, ha sido extraordinaria, a pesar de las crisis económicas mundiales. En Chile han tenido además el campo abonado pues en sociedades con fuerte estratificación social se naturaliza la segmentación de las prestaciones sociales según la capacidad de pago: el pobre en escuelas pobres, precaria atención de salud, pobres salarios, pobre barrio, pobre calidad de vida. O sea, en el Estado de medioestar, cada oveja con su pareja, a vista y consentimiento de tantos.
Desde la revolución universitaria de 2011, no ha sido tan fácil ver los síntomas del creciente malestar social. Cierto ha habido manifestaciones de portuarios, de profesores, de No + AFP, de mujeres, pero los bajos salarios, el endeudamiento familiar por problemas de salud, el hacinamiento en el transporte, la soledad de nuestros mayores, las miserables pensiones, la educación de calidad que no llega a todos, la pobreza rural, los costos de la conciliación de trabajo y maternidad, poco han ocupado los titulares de los medios o los seminarios académicos.
Además, los arquitectos de la modernización liberal diseñaron estrategias de integración política, comerciales, económicas a la globalización lo que hizo crecer a Chile como ningún otro en la Región. Pero no contemplaron políticas de Estado para contrarrestar los previsibles impactos de la economía de mercado en el campo social, laboral, medioambiental o sobre los recursos naturales. Por eso que no necesariamente es la economía de mercado la que convierte a las personas en una mercancía sino la política por no regular las pulsiones naturales del mercado.
La crisis social, de gobernabilidad y de liderazgo político que tiene convulsionado a Chile y atónito al mundo, es una oportunidad para reinventarse como país a partir de lo logrado. Hace mucho tiempo que los chilenos están pidiendo a gritos reconciliarse con su Constitución y este es el momento de trabajar por un pacto político y social que incluya una salida constitucional a la crisis.
Se necesita un pacto político y social orientado por tres principios: universalidad de derechos sociales, calidad y participación. No es que todos tengamos que llegar al mismo punto, pero se debe asegurar un mínimo de protección social, decente en ingresos, salud, jubilación, educación y acceso a ciertos servicios como el agua. La universalidad estaría en el corazón del pacto por tres razones. Por un imperativo moral; porque aumenta la productividad; y porque reduciría los riesgos de explosión social. Se puede partir de lo recomendado por la OIT sobre El piso de la Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Sería un pacto liderado por el Estado, pues solo él puede resolver las desigualdades sociales. Un pacto que redefina las responsabilidades sociales del mercado, del Estado y de la familia y que le dé al Estado capacidades financieras para cumplirlas. En Chile el gasto social público promedio es de 10,9% el PIB versus 20% en la OCDE. Una reforma tributaria inspirada por el principio de la solidaridad fiscal puede ser una oportunidad de verdadera integración moral a la sociedad de los privilegiados. Un pacto que contemple la solidaridad intergeneracional y la justicia distributiva y redistributiva. Que cree instituciones que conjuren la pobreza y la desigualdad.
Los derechos sociales que apenas reconoce el Estado de medioestar son, desde luego, cosa seria. Y no es tan serio que un gobierno deslegitimado, acorralado por miles de ciudadanos en calles y callejones de todo el país y apunto de destituir a parte de sus ministros, pretenda resolver con un pregón el modelo de protección social que haga de Chile un país socialmente justo. Probablemente, ese pacto no acallará por siempre a los chilenos, pues que los jóvenes se sigan revelando contra el presente es natural. Que tengan miedo al futuro, no lo es.
